>¿Twittear tiene límites?

>Por: Francis Pisani
Ciudad de México, México (5-Jul-2010).- 03:53 AM

Dos acontecimientos recientes “el primero de corte trágico y el segundo más bien grotesco” invitan a interrogarnos nuevamente sobre el impacto social y político de Twitter.

Mark Shurtleff, procurador general del estado de Utah en Estados Unidos, twitteó el fusilamiento de Ronnie Lee Gardner, condenado a muerte, el 18 de junio: “Acabo de ordenar al director de correccionales que proceda a la ejecución de Gardner. Que Dios le conceda la misericordia que negó a sus víctimas”.

El tweet desencadenó una ola de escandalizadas reacciones cuyo tenor general “además del repudio causado por una ejecución y el malestar por el comentario religioso” pugnaba por la proscripción de ese vulgar medio para dar cuenta de un asunto tan trágico. “Twittear la muerte de alguien “aun cuando se trate de un asesino convicto” me sorprende por cruel e improcedente dada la gravedad de la situación”, escribió, por ejemplo, Shani Hilton en un blog de The Atlantic.

La conversación con el hashtag #twttrexecution dio lugar a un sinfin de apasionadas intervenciones, entre ellas que el comunicado de Shurtleff constituía “el más estúpido y repugnante uso de Twitter jamás visto”.

En un tweet posterior, el procurador defendió su intención aduciendo el mérito de tener un público informado. “Uso los medios sociales para informar directamente a la gente” agregó.

El periodista Matthew Ingram, por su parte, explicó en GigaOm.com que “Twitter es una herramienta de comunicación. Ésa es la realidad. Punto y aparte. Si la gente lo usa para comunicar qué come o su opinión sobre el clima, y otros para informarse sobre sobrevivientes en Haití o para anunciar al mundo sobre manifestaciones en Irán o cualquier lugar del mundo. ¿Por qué no twittear sobre una ejecución?”, la pregunta encabezaba la nota.

El segundo caso ocurrió el 30 de junio durante una audición de los diputados franceses con los dos dirigentes del futbol responsables de la catastrófica actuación gala durante el Mundial. A petición de los interesados, la reunión se mantuvo a puerta cerrada, demanda que el diputado derechista Lionel Tardy consideró injustificada, de modo que no vaciló en twittear lo que se decía hasta que se dieron cuenta y le pidieron que cesara.

Lo acusan de dos crímenes: el primero, de no respetar la decisión de proceder a puerta cerrada. Contestó de manera tajante que no había secreto de estado involucrado, que las declaraciones serían publicadas oficialmente días más tarde y que, por supuesto, cada participante confiaría antes su versión al periodista de su elección. Con Twitter los políticos pueden comunicar directamente, de manera pública y sin escudarse tras el anonimato.

La segunda acusación “formulada por algunos profesionales irascibles” es que se pasa por encima de los medios. Tardy cuestiona la importancia de su valor agregado cuando se trata de hechos brutos sin despojar del todo a los periodistas de su utilidad: “les queda filtrar, verificar, analizar, poner en perspectiva y explicar el contexto”.

A pesar de las indiscutibles diferencias, los dos incidentes traen a colación problemas similares y de gran interés social.

El primero tiene que ver con los límites de la transparencia. No hay razón para que este valor fundamental de la democracia de hoy no tenga, como todo en la vida, límites y que sea urgente encontrarlos, discutirlos.

Aunque obvio, nos cuesta aceptar el segundo: pasamos de la era de los medios de comunicación como intermediarios entre los hechos y el público, a la de testigos directos con capacidad de comunicar al mundo entero en tiempo real lo que ven y escuchan. La rápida y extensa penetración de los teléfonos móviles (nos estamos acercando a los 5 mil millones) y, en particular de los smartphones, vuelven incontenible este fenómeno. Es necesario cuestionarse sobre los efectos de tal situación, pero la tendencia parece clara.

El tercer punto común es más bien una pregunta: ¿Será posible contener la tendencia?

Es muy probable que lo intenten y es posible que se multipliquen controles y prohibiciones. Muchos pensábamos que no podía censurarse a la internet, pero los gobiernos de China, Irán, Saudi Arabia y Cuba (por sólo mencionar algunos) han demostrado que sí se puede.

Se abre, entonces, una nueva pregunta: ¿Cual será el costo social de tales medidas? Pueden prohibir que un procurador general twittee sobre sus actividades y obligarlo a valerse del tradicional comunicado de prensa. Pueden poner detectores de metal para impedir que los jurados en un tribunal o los diputados o los ministros, o los participantes en cualquier tipo de reunión, entren con un móvil o una computadora. Pero el costo social podría ser peor que la difusión de las informaciones en cuestión. El tema merece amplia discusión, en la radio, los periódicos y la televisión, así como en los medios sociales, Twitter incluido.

 Cintacto del autor
fp@francispisani.net

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