>Inversiones o manglares

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Mientras en México el Gobierno emitió el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059 de la Semarnat, que prohíbe construir proyectos turísticos en manglares, en otros países sí existe un equilibrio entre cuidado de la flora y el desarrollo turístico.
Sigfrido Paz Paredes, asesor general del Caribe del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), explicó que en ninguna parte del mundo existe una ley o norma como las mencionadas.
En EU, la norma de la Comisión de Ecología es no destruir ecosistemas, pero, si se tiene que afectar, debe ser lo menos.
Además, plantea buscar alternativas, y, si resulta afectado, se debe hacer una compensación es decir plantar manglar al mismo nivel o poco más de lo que fue destruído para que el resultado final sea cero o más uno. “En Estados Unidos no se autoriza nada, sino que le deja a los municipios la tarea de hacerlo compensadamente, porque cada lugar tiene sus características.
“En el caso de República Dominicana no hay ninguna ley de este tipo; en Cuba tampoco, ni en Jamaica, porque existe un acuerdo que dice que la explotación de los manglares en el mundo debe ser compensada para evitar que se reduzcan”, explicó.
El problema en México es que esta NOM no permite la compensación, por lo que los empresarios dicen que fue un exceso.
Afecta también la ampliación de puertos, la construcción de carreteras en las costas, y de depósitos de combustibles de Pemex, agregó Paz Paredes.
“Debemos tener una visión de Gobierno integradora en la que tengamos un equilibrio, porque no puede ser que la Secretaria hable de que éste es el año del Turismo y tenemos que invertir, y Semarnat proponga una Norma que no deja invertir”, lamentó.
En México, ya hay ejemplos de desarrollos turísticos que se han llevado a cabo sin afectarlos.
Los proyectos de Mayakoba y Tres Ríos laSemarnat los nombró ejemplos de desarrollo sustentable, pues en el segundo hay un vivero con 90 mil plantas de manglar, ya que se asentaron los edificios sobre unas mil plantas.
En Mayakoba se realizó un sistema de canales completo, que hizo que todo ese terreno reverdeciera, y esto ha sido una estrategia impresionante

Fuente:Reforma Diario, 28 febrero 2011

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>Replica a "Ambiente en la Corte" de Julia Carabias

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El Municipio de Tulum desea por este medio precisar algunos señalamientos que hace la Maestra Julia Carabias en su colaboración “Ambiente en la Corte” del día 22 de enero de este año. Lo anterior, con el ánimo de informar a la opinión pública sobre lo que ocurre en Tulum, cuestión que se discute en la Suprema Corte de Justicia pero que por su complejidad técnica y jurídica escapa incluso al entendimiento de personas tan avezadas en la materia como la Maestra Carabias. Esta situación se describe brevemente:
1. El Programa de Desarrollo Urbano de Tulum vigente reconoce plenamente la existencia del Parque Nacional Tulum como un área natural protegida de carácter federal.
2. Sin embargo, el Municipio no puede cerrar los ojos ante el desorden que reina, en buena medida por la desidia y falta de coherencia de la propia SEMARNAT en dicha zona. Existen más de 180 propietarios con títulos de propiedad debidamente expedidos y registrados, así como litigios iniciados por particulares respecto de la validez del Decreto de área natural protegida. Existen también autorizaciones expedidas por Semarnat para construir hoteles hasta de más de 200 cuartos, sumando un total de más de 1500 cuartos hoteleros en la zona. El Municipio simplemente registra este hecho.
3. La controversia constitucional versa solamente sobre si debe o no permanecer un párrafo (la Norma Especial de Zonificación) que establece usos de suelo y densidades, en caso de que un particular obtenga una sentencia firme en la que se declare la inexistencia del Parque Nacional Tulum. El no incluir este párrafo en el programa significa que, en su caso, el particular que obtenga una sentencia favorable sobre un predio de su propiedad, pueda construir lo que quiera, sin que el Municipio pueda establecer limitante alguna, ya que el ordenamiento ecológico vigente es insuficiente.
Agradecemos la publicación de estas precisiones.

Juan Pedro Machado Arias.
Delegado del Municipio de Tulum en la Controversia Constitucional 72/2008

Aqui el link para ver el articulo “Ambiente en la Corte”

http://lalocom.blogspot.com/2011/01/opinion-de-julia-carabias-ambiente-en.html

>En el marco del festival de los Humedales ¿La Umar donde quedo?

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En el marco del festival de los Humedales:

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a través de personal adscrito a la Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre (DGIAZ), clausuró ayer jueves, temporal y parcialmente, las obras que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) realizaba en el proyecto denominado Sección de Andador de Usos Múltiples Escénico II, en Bahías de Huatulco, Oax.


Esta determinación se tomó porque los trabajos que ahí se estaban haciendo, han afectando el arrecife coralino de la Bahía del Violín, así como la zona de influencia del Parque Nacional Huatulco, porque no se colocaron dispositivos, ni se llevaron a cabo acciones que impidieran que el material de la obra se precipitara por la cañada hasta llegar al mar.
La denuncia de este caso fue promovida por el Parque Nacional Huatulco, que pertenece a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) y que, además, es un Sitio Ramsar, es decir, humedales de importancia internacional, que se deben de conservar, sobre todo porque son hábitat de aves acuáticas migratorias.
El FONATUR se ha comprometido a que, a la brevedad, informará a la Profepa sobre las acciones que implementará en pro del cuidado al medio ambiente.
Por lo anterior, los sellos de clausura se levantarán cuando las obras de construcción que se realizan en el citado proyecto, contengan dispositivos que garanticen que no se seguirá precipitando material sobre el acantilado y hacia el Parque Nacional Huatulco.
En mi opinión, muy buena la medida tomada por la administración del ANP Bahias de Huatulco y de la PROFEPA, pero y con el afán critico que debe tener todo investigador: ¿Porque en este momento?, será ¿Porque se lleva acabo el “Festival de los Humedales” en Bahías de Huatulco?, en el que se festeja los 40 años de la Convención Ramsar, y los 25 años de la anexión de nuestro país, por que dicha obra lleva mas de 6 meses en esta etapa y antes no se había hecho nada.
 ¿La Umar donde quedo?
La Universidad del Mar campus Puerto Angel que dicho sea de paso, es el campus donde se encuentra la cede de la facultada de Biología Marina e Ingeniería Ambiental, no hizo gran mención de tan importante evento, se que algunos de los estudiantes de posgrado fueron avisados por parte de sus directores de tesis, pero una medida a nivel oficial lo desconozco. También se que la Umar Campus Huatulco fue la sede del evento por razones obvias.
Hecho lamentable, que una institución de educación superior y sobre todo que forma personas en el campo de Ciencias Naturales, no haga mención de tan importante evento para la zona, “Quizás existan otros temas mas relevantes” o sea una indiferencia hacia el área de manejo, gestión y administración de recursos naturales dentro de la investigación universitaria, cosa en si trágica, puesto que no solo de la “biología dura” deben de estar enterados nuestros estudiantes.

Espero su opinión

>Opinión de Julia Carabias: Ambiente en la corte

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Por segunda ocasión en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las áreas naturales protegidas (ANP) son el tema de una controversia constitucional. Se trata, en esta ocasión, del Parque Nacional Tulum (PNT) en Quintana Roo.

¿Cuál es el problema? En 1981 se decretó el Parque Nacional Tulum, expropiándose a favor de la Federación los terrenos que lo integran de acuerdo al plano elaborado por la SAHOP (en esa época, la institución a cargo de las ANP). El objeto de dicho decreto fue la conservación de los importantes valores naturales y culturales de este sitio. El deslinde de los terrenos está, desde entonces, delimitado con mojoneras que se encuentran in situ. Cabe hacer notar que en las ANP una de las categorías más estrictas de protección corresponde a la de parque nacional.

En 2002 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo (POE) el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tulum 2002-2026 (PDU), el cual reconoce la existencia del PNT, dejándolo fuera del centro de población. No obstante, el 9 de abril de 2008 el POE publicó la “Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Tulum 2006-2030”, en el que se incrementan los límites de dicho centro poblacional incluyendo al PNT. Asimismo, se asignan en los terrenos del PNT usos de suelo urbano, derechos de construcción y densidades de 2 mil 947 cuartos de hotel.
Es por ello que en 2008, el Ejecutivo federal promovió una controversia constitucional ante la SCJN contra los municipios Solidaridad y Tulum, demandando la invalidez de la norma especial de zonificación del PDU 2006-2030, debido a que, al incluir al PNT dentro del PDU, se contraviene el marco legal aplicable a las áreas protegidas.
Después de casi tres años de estudio, el pasado 10 de enero se presentó al pleno de la Corte un proyecto de sentencia elaborado por el ministro Valls. Después de la votación, que resultó empatada, el ministro Valls decidió retirar el proyecto de sentencia para rehacerlo y volverlo a presentar incorporando más información y elementos esgrimidos en el debate.

El tema que la Corte tiene en sus manos es de extrema importancia y refleja la enorme complejidad en que se encuentran las ANP en nuestro país. Durante décadas las ANP fueron abandonadas en su gestión. En los últimos tres lustros la situación empezó a cambiar, sin embargo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas heredó un sinnúmero de problemas generados por el vacío de autoridad.
El artículo 27 de la Constitución establece que la nación debe cuidar de la conservación de los elementos naturales y evitar su destrucción, así como preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Precisamente son las ANP, previstas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la principal forma de proteger el patrimonio natural del país.

El conflicto en Tulum es que una disposición local, el PDU municipal, contraviene a la LGEEPA y al propio objeto de la declaratoria del PNT. No es posible cambiar la vocación de conservación de un parque nacional por la de desarrollo urbano. El municipio está obligado a respetar las leyes federales y ser congruente con las disposiciones que obligan a la conservación de PNT. El que en cerca de 12% del PNT existan asentamientos irregulares no justifica que pueda haber desarrollos futuros como lo expresa el PDU 2006-2030. Es la Federación, a través de sus declaratorias y programas de manejo, quien regula las actividades permitidas en las ANP.

Es inconcebible que a través de los PDU los municipios puedan contravenir el mandato que la Constitución otorga al Ejecutivo federal de conservar el patrimonio natural nacional.

Preocupa sobremanera, después de leer el debate sostenido en la SCJN, que el centro de la discusión en el Pleno no haya sido la conservación del patrimonio natural. Los argumentos se centraron, salvo algunas excepciones como la del ministro Zaldívar, en el derecho sobre los terrenos expropiados y en la presencia de asentamientos humanos irregulares, desestimando que los terrenos en cuestión son un ANP destinada a la protección del patrimonio natural nacional. Incluso, adquirió más importancia durante el debate el hecho de ser, además, una zona arqueológica.

El tema llegó a la SCJN por ser un conflicto de intereses y de actuación entre el gobierno local y el federal. Los ministros tienen la oportunidad, con la sentencia de este caso, de sentar un precedente positivo que fortalezca el régimen jurídico de las ANP. De lo contrario, si permiten que un PDU municipal anule un decreto de ANP, la biodiversidad nacional se verá fuertemente amenazada.

Durante los últimos años el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo han avanzado sustantivamente para fortalecer la conservación del patrimonio natural nacional que es, junto con el patrimonio cultural, lo más valioso que nuestro país posee. Ahora, es la ocasión para la Corte de hacer su contribución por el bien del México de hoy, pero, sobre todo, del México de mañana.

>Los Acuerdos de Cancún: una nueva era de cooperación ante el cambio climático.

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Culminaron con éxito los trabajos realizados en el marco de la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) y la VI Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP6), celebrados entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre
de 2010 en la ciudad de Cancún, Q. Roo.
El establecimiento de estos acuerdos es el fruto de un proceso incluyente y transparente realizado a lo largo de todo el año y que fue encabezado por el Mtro. Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien aprovechó las diversas reuniones y foros internacionales, regionales y bilaterales para promover la suma de voluntad es y asegurar también la confianza en el esquema de Naciones Unidades de lucha contra el cambio climático.
Los acuerdos recién concretados en Cancún, reafirman el compromiso mundial de combatir el cambio climático y definen por primera vez en la historia de la Conferencia de las Partes, directrices claras de actuación en temas como la definición de una meta común que permita mantener por debajo de los 2°C el incremento de la temperatura global; asimismo, se acordó que esta meta será revisada a la luz de los avances científicos y los resultados del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
Además, se ratificaron y comprometieron esfuerzos de mitigación unilaterales que permitirán una reducción de emisiones de bióxido de carbono mayor a la que se compromete en el Protocolo de Kyoto.
En materia de desarrollo y transferencia de tecnología, se logró la creación de un mecanismo que facilitará el acceso a tecnologías verdes para países en desarrollo, lo que permitirá transitar hacia una economía baja en carbono; sobresale en este aspecto, el compromiso del Gobierno Mexicano para la creación de un Centro de Investigación sobre Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, que pueda servir para generar y transferir tecnología a los países en desarrollo de nuestra región de América Latina y el Caribe.
También, se formalizó la transferencia de un primer paquete de 30 mil millones de dólares para acciones inmediatas de aquí al 2012 y se acordó el establecimiento de la propuesta mexicana de Fondo Verde, con lo que se formaliza el compromiso de buscar movilizar los 100 mil millones de dólares anuales, a partir del 2020, para acciones de mitigación y adaptación en países en desarrollo.
Finalmente, se acordó la adopción de mecanismos para reducir emisiones por deforestación y degradación de suelos (mecanismo REDD+), el cual no sólo permitirá proteger los bosques y las selvas, sino que se constituye como un valioso instrumento de política social que contribuirá a garantizar el respeto de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

>Ingresos por cobro de derechos en Areas Naturales Protegidas

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Ciudad de México, DF, México 3 de enero de 2011, México Ambiental.- Los programas de conservación en las Áreas Naturales Protegidas de México se fortalecieron el año pasado a partir de la consolidación del mecanismo de cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las áreas protegidas marinas y terrestres, lo que generó recursos por más de 58 millones de pesos adicionales al presupuesto fiscal aportado por la Federación.
Estos recursos se integraron totalmente a los programas de conservación de las ANP que los cobran, como inversión directa en en equipo y operación mínima básica como gastos de administración, operación, difusión y personal, todo ello en beneficio de los habitantes locales a través de programas de desarrollo sustentable.
Luis Fueyo, comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, explicó que el cobro de derechos constituye una herramienta indispensable para el manejo, educación, regulación y ordenamiento de las actividades económicas y de apoyo a la consolidación de otras disposiciones legales, como el registro de los permisionarios y el otorgamiento de permisos para la prestación de servicios turísticos dentro de las AP.
A través de este mecanismo se fomenta de manera ordenada la prestación de servicios turísticos en las ANP, ya que ha impulsado el registro de los permisionarios ante las direcciones de las áreas naturales y el otorgamiento de permisos por parte de la CONANP para la prestación de estos servicios.
Las áreas marinas que más recursos captaron durante 2010 fueron los parques nacionales Sistema Arrecifal Veracruzano, con 1’955,700; Arrecifes de Cozumel, 7’774,655; Arrecife de Puerto Morelos, 3’270,075; Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, 10’401,585; el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, 1’021,350; y la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, 2’034,014.
Entre las Áreas Protegidas terrestres que destacan por el monto recaudado se encuentra los parques nacionales Lagunas de Montebello, 2’277,993, y Palenque con 8’170,572; el Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul, 1’893,930; la Reserva de la Biosfera Cañón del Sumidero, 8’529,695, y el Centro Mexicano de la Tortuga, con 1’516,925.
El cobro de derechos en las AP es ágil y transparente y constituye un mecanismo de reciprocidad por el uso, goce y aprovechamiento de las áreas protegidas marinas y terrestres y constituyen una fuente importante de recursos alternos al presupuesto fiscal

>Julia Carabias reflexión de los recursos naturales postrevolucion

>Julia Carabias / 100 años de deterioro
13/11/2010
El siglo XX será recordado en la historia de México como el de mayor impacto sobre el patrimonio natural nacional. Las políticas de desarrollo asumieron que los recursos naturales eran ilimitadamente renovables, y al paso de los años la naturaleza se fue destruyendo en nombre de un desarrollo que tampoco llegó.

Al inicio del siglo XX habitaban en México un poco más de 9 millones de personas, en su mayoría campesinos sin tierra que subsistían como peones acasillados en las haciendas propiedad de una pequeña elite económica.

La Constitución de 1857 definía el sistema patrimonial de la propiedad como una prerrogativa individual. Los recursos naturales, cualesquiera que estos fueran, eran propiedad del dueño de la tierra. Este régimen de propiedad finalizó con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El artículo 27 constitucional confiere a la nación la propiedad originaria de las tierras y aguas nacionales y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. Los tipos de tenencia de la tierra que se reconocen a partir de entonces son la ejidal, la comunal, la pequeña propiedad y la propiedad de la nación. Además, la Constitución define que la nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las “modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana…”.

La Constitución deja clara la dimensión de justicia social, desarrollo económico y conservación de la naturaleza. Sin embargo, la forma en que estos preceptos fueron concretándose a lo largo de los años en las leyes reglamentarias, en su aplicación y observancia y en los programas gubernamentales, indujo en el país un resultado muy distante al previsto en la Carta Magna.

Un primer proceso tiene que ver con la reforma agraria. Desde la promulgación de la Constitución y hasta 1940 se repartieron 30 millones 400 mil hectáreas dotadas a un millón 570 mil beneficiados. Sin restar, en lo más mínimo, la importancia que tuvo el reparto agrario como respuesta al reclamo de justicia social, el problema fue que la mayoría de estas tierras repartidas era de aptitud forestal, ya que para la repartición no se tomaron en cuenta las mejores tierras agropecuarias que estaban bajo la propiedad privada de los productores agropecuarios exportadores. Este hecho pudo no haber sido tan grave en sus resultados de no haber sido por, al menos, dos factores. Uno fue el caso de la Ley de Tierras Ociosas, promulgada en 1920 (derogada en 1981), en la que se estipulaba que la condición de ejidatario podía perderse por resolución administrativa si no se trabajaba directamente la parcela durante dos años. El otro fue que las políticas de fomento productivo en el campo se limitaron a las actividades agropecuarias, sin considerar las opciones forestales. La combinación de estas dos políticas llevó a que una gran parte de esta tierra repartida, de vocación forestal, fuera talada para cultivos agrícolas y potreros ganaderos.

Fue así como la visión original sobre la protección del patrimonio natural nacional establecido en la Constitución fue paulatinamente desviándose. Se perdió la oportunidad de dejar a los ecosistemas más importantes desde la perspectiva biológica y ecológica bajo un régimen de propiedad nacional. En el nuevo arreglo de tenencia de la tierra, las posibilidades de mantener los ecosistemas de interés público conservados se redujeron a la expropiación o a las modalidades que, mediante las leyes reglamentarias, se pueden imponer a la propiedad privada; ambos procesos muy complejos y conflictivos. Además, las modalidades en materia ambiental no se definieron sino hasta 1988, con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El resultado de estos procesos, que duraron más de siete décadas, fue que la mitad de los bosques y de las selvas del país se eliminaron; dos terceras partes de las zonas áridas y semiáridas están intervenidas y alteradas por el ganado vacuno; y la conservación de los ecosistemas naturales está confrontada con los dueños de la tierra.

No fue sino hasta el último quinquenio del siglo XX cuando empezaron a consolidarse políticas más integrales entre el sector ambiental y el productivo, con nuevos arreglos institucionales, programas e instrumentos, cuyo propósito es hacer compatible la conservación de los recursos naturales con su utilización. Sin embargo, la propiedad de la tierra y su relación con la conservación y el uso de los recursos naturales, uno de los asuntos históricamente más álgidos en el país, es aún un tema pendiente de analizar a fondo para resolver las múltiples controversias que existen en su alrededor.

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